La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto estatal que permitía al Gobierno de Chihuahua implementar revisiones y sanciones sanitarias para combatir el gusano barrenador, generando un choque institucional entre autoridades locales y federales.

Por unanimidad, el pleno de la SCJN determinó que el Gobierno del Estado de Chihuahua excedió sus competencias constitucionales al emitir el acuerdo 156/2024, el cual establecía puntos de verificación sanitaria, revisiones obligatorias y sanciones en el tránsito de ganado hacia y desde la entidad. El fallo se basó en que la regulación sanitaria general y el control zoosanitario corresponden exclusivamente a facultades federales, por lo que cualquier implicación estatal debe coadyuvar únicamente a la normativa nacional.
 
La resolución de la Corte genera un debate sobre los límites de acción de las entidades federativas frente a amenazas sanitarias que impactan economías locales, como es el caso de la ganadería en Chihuahua. Si bien las autoridades estatales argumentaron que la medida buscaba proteger la producción y exportación, el fallo obliga a redefinir estrategias de cooperación con instancias federales y a basar medidas preventivas dentro de marcos legales estrictos.
 
Esta decisión de la SCJN marca un precedente en la delimitación de competencias sanitarias entre los órdenes de gobierno, y exigirá ajustes en las políticas estatales para continuar enfrentando plagas sin contravenir el marco constitucional.