Este 29 de enero de 2026, autoridades federales interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el estado de Chihuahua, al argumentar que la reciente restricción al uso del lenguaje inclusivo vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

La controversia se presentó contra la reforma local aprobada en octubre de 2025 que limita expresiones lingüísticas consideradas inclusivas en documentos y actos oficiales del gobierno estatal. El recurso legal federal sostiene que dicha restricción atenta contra los principios de igualdad, no discriminación y derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en tratados internacionales suscritos por México.

Especialistas constitucionalistas consultados señalan que este caso plantea un debate jurídico de alto impacto sobre la autonomía estatal versus derechos fundamentales garantizados a nivel federal. El proceso de análisis en la Corte podría sentar precedente para otras entidades con políticas similares. 

Además de su dimensión legal, esta controversia tiene implicaciones políticas y sociales. Chihuahua, históricamente conservador en ciertas políticas públicas, enfrenta ahora un escrutinio nacional que podría impactar su imagen ante inversionistas y ciudadanía. El caso plantea un equilibrio entre decisiones estatales y obligaciones federales en materia de derechos, con potencial impacto para legislaciones futuras en otros estados. 

La resolución de esta controversia constitucional será una señal clave para el federalismo y las políticas de derechos en México durante 2026. Su resultado podría influir en la toma de decisiones legislativas y en los límites de competencia entre autoridades locales y federales.