A medida que el gobierno federal avanza en el diseño de la reforma electoral que pretende enviar al Congreso, sectores aliados al oficialismo han manifestado reservas, elevando la complejidad política del proceso. 

La reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye cambios estructurales como la reducción del financiamiento público a partidos, la eliminación o disminución de curules plurinominales y ajustes en la representación legislativa. Aunque el proyecto sigue en etapa de construcción, ha generado escepticismo incluso dentro del bloque oficialista. 

Representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) han expresado su inconformidad por no haber sido consultados con antelación, señalando que la reforma podría afectar su representación y financiación. Estas posturas complican las negociaciones internas dado que estos partidos son aliados clave de Morena para obtener los votos necesarios en el Congreso. 

Adicionalmente, críticos externos a la coalición oficial han levantado preocupaciones sobre la expansión de la concentración política y la posible afectación de la pluralidad democrática. La propuesta sigue siendo objeto de ajustes y acuerdos internos antes de que sea presentada formalmente, con miras a una posible presentación en febrero de 2026. 

El escenario actual revela la tensión natural entre la visión de reforma estructural del gobierno y las dinámicas de poder dentro de la coalición gobernante. La falta de consenso entre aliados pone en evidencia la necesidad de estrategias más inclusivas para asegurar respaldo legislativo, especialmente cuando se trata de modificaciones que impactan directamente la arquitectura del sistema político. 

La evolución de esta reforma electoral será un punto clave en la agenda política de 2026 y un termómetro del equilibrio de fuerzas dentro del oficialismo, con repercusiones directas en la configuración del proceso político nacional.