En un movimiento que redefine la relación entre el Estado mexicano y las compañías digitales, el gobierno ha implementado nuevas reglas que obligan a las plataformas de internet a proporcionar acceso en tiempo real a sus datos, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y modernizar la recaudación tributaria.

La medida —anunciada hoy— implica que compañías como redes sociales, plataformas de comercio y proveedores de servicios digitales deberán facilitar información operativa para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda detectar inconsistencias fiscales, transacciones no declaradas y posibles casos de evasión. El SAT se ha posicionado como defensor de esta iniciativa, argumentando que los mecanismos tradicionales de fiscalización no son suficientes frente a la economía digital actual.
 
Esta política coloca a México en un rol pionero en la regulación digital aplicada a la tributación, alineándose con tendencias globales de mayor control fiscal sobre gigantes tecnológicos. Sin embargo, enfrenta oposición de las empresas del sector, que califican la medida de invasiva y difícil de implementar desde el punto de vista tecnológico y de privacidad. La decisión podría redefinir la competitividad de México como destino de inversiones de economías digitales si no se acompaña de marcos claros de protección de datos.
 
El desafío político y técnico ahora es equilibrar la recaudación eficaz con la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas en el mercado digital mexicano.