En una acción que subraya la postura firme contra el crimen organizado, el gobierno de México ha solicitado formalmente la extradición de la familia estadounidense Jensen, acusada de colaborar en una red de contrabando de combustible robado valorado en cientos de millones de dólares.

Las autoridades federales aseguran que los Jensen, junto con cómplices en México, canalizaron más de 2,800 cargamentos de combustible robado —aproximadamente 300 millones de dólares en operaciones ilícitas— hacia Texas, aprovechando rutas y contactos dentro de instituciones estratégicas como aduanas y puertos. El presidente y su gabinete han declarado que esta acción busca desincentivar el aprovechamiento de redes criminales transnacionales que operan tanto en México como al otro lado de la frontera. El caso también ha generado discusión sobre posibles vínculos familiares y políticos, aunque el Ejecutivo ha insistido en que la investigación está orientada únicamente a castigar actos delictivos.

Esta solicitud de extradición representa un componente estratégico de la política de seguridad y justicia del gobierno, enfocada en responsabilizar a actores internacionales implicados en delitos complejos que trascienden fronteras. A nivel político interno, la medida busca reforzar la percepción de cero tolerancia al crimen, aunque también podría tensar la cooperación bilateral si no se negocian términos claros de proceso judicial y evidencias compartidas.

El desenlace de esta solicitud de extradición tendrá repercusiones en el combate al huachicol y actividad criminal transfronteriza, así como en las dinámicas de colaboración judicial con Estados Unidos.