Legisladores de la coalición oficialista en México, integrados por Morena, PVEM y PT, han presentado resistencia a la aplicación de la ley antinepotismo, una norma impulsada por la presidenta Sheinbaum que busca evitar que familiares y parejas sucedan a funcionarios en cargos públicos. 

La ley, aprobada en marzo de 2025, prohíbe que familiares directos asuman funciones públicas de forma sucesiva, una medida diseñada para combatir prácticas arraigadas de favoritismo familiar en política. Sin embargo, figuras clave del Partido Verde y legisladores morenistas han cuestionado su alcance, especialmente en estados como Zacatecas y San Luis Potosí, donde aspirantes vinculados a funcionarios buscan posiciones relevantes. 

La discusión ha puesto a prueba la cohesión del bloque oficialista y ha abierto un debate sobre la transparencia y equidad en los procesos políticos, con repercusiones inmediatas de cara a las elecciones de 2027. 

Este enfrentamiento interno sugiere tensiones profundas en la agenda política del país, entre compromisos éticos de transparencia y prácticas de poder establecidas. La resolución de este conflicto podría redefinir dinámicas de liderazgo dentro del partido mayoritario y su influencia en el electorado. 

A medida que se intensifica el año electoral, esta disputa podría tener efectos amplios en la percepción pública sobre la democracia interna de los partidos y la eficacia de las reformas institucionales.