México abre la puerta al fracking tras años de veto
El Gobierno federal revierte su postura de prohibición del fracking, buscando reforzar la autosuficiencia energética mediante inversiones cruzadas.
La administración de Claudia Sheinbaum anuncia cambios en la política energética autorizando la técnica de fracturación hidráulica (fracking) con participación público-privada.
Esta decisión representa un viraje estratégico frente a la política energética previa que había vetado el fracking, adoptado durante el gobierno anterior. El ajuste responde a presiones de seguridad energética, dependencia de importaciones de gas y la búsqueda de dinamizar inversiones en estados con potencial de hidrocarburos como Coahuila y Tamaulipas. Aunque desde el discurso oficial se evita el término “fracking”, los lineamientos presupuestales y el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos 2025-2035 confirman su impulso. Críticos ambientales advierten sobre los riesgos ecológicos, lo que plantea un debate intenso en ámbitos políticos y sociales.
La incorporación de fracking al abanico energético implica un ajuste en la narrativa oficial y abre espacio a nuevas dinámicas de inversión y cooperación internacional, pero también puede generar tensiones con sectores ambientales y comunitarios. Balancear objetivos de producción con sostenibilidad será un reto de mediano plazo.
Esta decisión coloca a México en el centro de la discusión global sobre energía, desarrollo y medio ambiente, con repercusiones en la agenda económica y regulatoria de 2026.