La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) defendió públicamente sus denuncias contra exfuncionarios, incluido el exgobernador Javier Corral, por presuntos actos de corrupción vinculados a un contrato de refinanciamiento de deuda estatal. 

En un pronunciamiento reciente, la ASE explicó que las auditorías forenses detectaron inconsistencias en un contrato de 2019 relacionado con la refinanciación de deuda, que involucra posibles irregularidades por casi 100 millones de pesos. Aunque una auditoría de cumplimiento financiero inicial no identificó fallas, la revisión forense posterior señaló posibles incumplimientos contractuales y omitió evidencia del trabajo realizado por el despacho involucrado. El caso ha derivado en una disputa política entre actores estatales y federales, con implicaciones legales y de percepción pública de la gestión del gasto. 

El caso representa un choque institucional que ha trascendido la esfera técnica para entrar en la arena política. La discusión sobre la competencia jurisdiccional —entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República— añade complejidad al proceso y pone en relieve tensiones profundas en el equilibrio de poderes dentro de la entidad. La forma en que los mecanismos de control y rendición de cuentas sean aplicados afectará la confianza ciudadana en las instituciones. 

Las partes implicadas mantienen posiciones firmes, y se espera que el caso evolucione conforme avancen las investigaciones judiciales y los recursos legales presentados. Será clave la transparencia en el manejo de pruebas y el respeto a los marcos legales para dirimir este conflicto.